Dip. de Huelva y Proyecto Don Bosco dan continuidad a los Pisos de Acogida

1 octubre 2014

Con el propósito de seguir ofreciendo una atención integral a jóvenes y menores en alto riesgo de exclusión social, el presidente de Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo; y el presidente de la Fundación “Proyecto Don Bosco”, Ignacio Vázquez, firmaron en la mañana del 29 de septiembre la prórroga por un año de vigencia del convenio de colaboración para el desarrollo del Programa de Pisos de Acogida. En el acto también estuvo presente la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas.

 
Según explicó Caraballo las dieciséis plazas del convenio se encuentran actualmente ocupadas por siete menores de 16 y 17 años (tres chicas y cuatro chicos); y nueve jóvenes con edades comprendidas entre los 19 y 23 años (cinco chicas y cuatro chicos). A excepción de uno de ellos, que se encuentra en la primera fase de acogida, el resto está desarrollando o ha superado la fase de formación, encontrándose ya tres de ellos en la etapa de inserción sociolaboral.
 
Los presidentes de ambas instituciones coincidieron en resaltar la importancia de seguir ofreciendo este recurso residencial destinado a la integración sociolaboral y el logro de la autonomía personal de menores y jóvenes a partir de 16 años, con graves problemas sociofamiliares, que necesitan la separación familiar y la convivencia en otro contexto donde poder desarrollar un proyecto socioeducativo personalizado e individualizado.
 
“La constatada efectividad y eficacia del programa a lo largo de sus 20 años de implantación”, es una de las causas, según Ignacio Caraballo, de su continuidad, junto a la inexistencia de otros dispositivos similares y “la certeza de que los 16 jóvenes que en la actualidad son atendidos en este programa quedarían en situación de grave  desprotección”.
 
Por su parte, el presidente de la Fundación “Proyecto Don Bosco”, Ignacio Vázquez, agradeció la colaboración de Diputación de Huelva en la materialización de este proyecto, cuya continuidad se hace necesaria, ya que “ la necesidad social existe”, y sus resultados nos indican “que debemos seguir ofreciendo a estos jóvenes con graves problemas sociales y familiares la oportunidad de desarrollarse y conseguir su integración sociolaboral y su autonomía personal”.
 
Ignacio Caraballo, que recordó que desde el año 1992 Diputación viene desarrollando este programa de forma ininterrumpida, primero con la desaparecida asociación “Tierra Nueva”; y desde el 2013, con la Fundación “Don Bosco”, explicó que para la atención integral de estos 16 jóvenes Diputación aporta un total de 330.733 euros; 55,51 euros diarios por beneficiario atendido-plaza ocupada; y 41,64 por plaza reservada. Este importe incluye todos los gastos derivados del alojamiento, manutención, vestuario, gastos educativos, sanitarios y personales.
 
Los jóvenes, que  permanecen en el programa un tiempo medio de dos años y diez meses, conviven en cuatro pisos situados en la Barriada de la Hispanidad de la capital. Allí cuentan con el personal necesario (director, cuatro educadores, un psicólogo, un profesional para la inserción social y dos auxiliares domésticos) para su atención integral y el logro de los objetivos del programa, que son la inserción sociolaboral y la autonomía personal, mediante la formación profesional, el fomento del empleo y la promoción cultural.
 
El Programa de Pisos de Acogida tiene 4 fases de desarrollo: la de acogida, que dura tres meses; la de formación, de dos meses; la de inserción laboral, de dieciocho meses; y la fase de emancipación, con una duración de entre seis meses y un año. El acceso a este programa se produce a través de los equipos profesionales de los 9 Centros de Servicios Sociales Comunitarios de las zonas de trabajo social de la provincia, que derivan los casos a la responsable provincial del programa, que es la que asigna el recurso en base a criterios técnicos establecidos. Los beneficiarios del programa, además de encontrarse en alto riesgo de exclusión social, deben tener capacidad de reeducación y no encontrarse pendientes de resolución judicial.

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